Hay algo profundamente desconcertante en el Chile que vivimos. Mientras millones de trabajadores apenas llegan a fin de mes, las mujeres ven amenazada su autonomía, a los campesinos les quitan subsidios y los jóvenes parecen condenados a sobrevivir entre la precariedad y la distracción permanente, desde el poder se invoca una moral cristiana que, en la práctica, niega constantemente los principios más elementales del cristianismo.
No es casualidad. Una parte importante de la política contemporánea ha aprendido a utilizar la religión como un recurso de legitimación antes que como una guía ética. El lenguaje de la fe se convierte en propaganda, mientras la compasión, la solidaridad y el cuidado del prójimo quedan relegados a un segundo plano.
Vivimos, además, inmersos en una sociedad donde las redes sociales y las plataformas digitales capturan buena parte de nuestro tiempo y de nuestra atención. Terrenos sin dios ni ley, pero bajo la tutela de multimillonarios que disfrutan la tecnología con anterioridad. En ese escenario, los grandes intereses económicos y políticos encuentran un terreno fértil para moldear el debate público, concentrar poder e influir en espacios comunitarios que antes eran refugios de encuentro y espiritualidad.
No cuestiono la fe de millones de creyentes. Al contrario. La fe, cualquiera sea su expresión, constituye para muchas personas una fuente de esperanza, de consuelo y de compromiso con los demás. Mi propia formación católica me enseñó que creer implica reconocer las propias debilidades, aprender del error, practicar el perdón y comprender que la dignidad humana está por encima del interés económico. Por eso resulta tan difícil aceptar que quienes se presentan como defensores de los valores cristianos promuevan políticas que parecen ignorar precisamente esos principios.
¿Cómo puede hablarse de defensa de la vida cuando se pretende obligar a una mujer a continuar un embarazo inviable o se restringe su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo? ¿Cómo puede invocarse la defensa de la familia mientras se debilitan las condiciones materiales que permiten criar hijos con tiempo, estabilidad y esperanza? ¿Cómo puede reivindicarse el Evangelio cuando la pobreza es tratada como una responsabilidad individual y no como un desafío colectivo?
El mensaje de Jesús, más allá de cualquier interpretación teológica, está atravesado por una constante: la preocupación por los pobres, los excluidos y quienes sufren. No por la acumulación de riqueza ni por la exaltación del poder. Si existe un pecado que atraviesa buena parte de las élites políticas y económicas que hoy gobiernan en nombre de Dios, ese es la soberbia: la convicción de que el éxito material constituye una prueba de superioridad moral.
No corresponde a ningún gobierno definir quién es un buen creyente. Pero sí corresponde a la ciudadanía examinar si existe coherencia entre los valores que una autoridad proclama y las decisiones que adopta. Cuando esa distancia se vuelve abismal, la religión deja de ser una inspiración ética y se transforma en un instrumento de poder. En la codicia por el poder.
Como católico, me resulta imposible reconocer el Evangelio en una política que desprecia al pobre, sospecha de la autonomía de las mujeres y reduce la solidaridad a un obstáculo para el mercado. Si el cristianismo significa amar al prójimo, proteger al vulnerable y ejercer el poder con humildad, entonces quienes hoy lo invocan para justificar políticas de exclusión no están defendiendo la fe: están utilizando su prestigio moral para fines políticos. Y esa es, quizá, la forma más profunda de impostura religiosa. Transformar a Dios en una moneda de oro.
Miguel Echeverría (Santiago, 1989). Cientista político.