Las nuevas reformas laborales impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast parecen inscribirse en una tendencia que atraviesa buena parte del continente: una nueva oleada conservadora que, bajo la promesa de recuperar el orden, el crecimiento y la autoridad, termina colocando sobre los hombros de los trabajadores el costo de sus propias promesas.
No se trata solamente de Chile. En distintos países de América Latina y en Estados Unidos hemos visto el avance de proyectos políticos que llegaron al poder con sociedades profundamente divididas y, en algunos casos, con márgenes electorales estrechos.
Aumentan los portones y los condominios como fortalezas que dividen en los barrios de nuestras ciudades a los pobres de los más pobres. Hay cada vez mayor segregación social y el tejido que se construyó a principio de la década segregación se va desvaneciendo.
Cambian los nombres, las circunstancias y las banderas, pero aparece un denominador común: la sospecha sobre los derechos sociales construidos durante décadas y la idea de que el trabajo debe volver a ser, antes que un derecho protegido, una variable de ajuste de la economía.
En América Latina, el trabajador asalariado sigue siendo una figura central de la vida social. Sobre el salario descansan las familias, el consumo, la educación de los hijos, la posibilidad de acceder a una vivienda y, en definitiva, buena parte de la dignidad cotidiana. Paradójicamente, es también en esta región donde millones de trabajadores reciben remuneraciones paupérrimas en relación con el costo de la vida ni con la riqueza que producen. El trabajo tiene un enorme valor social, pero con demasiada frecuencia se remunera como si fuera una mercancía de segunda categoría.
Por eso resulta particularmente preocupante cualquier reforma que pretenda ampliar las jornadas laborales o aumentar la llamada polifuncionalidad sin establecer, al mismo tiempo, garantías suficientes para quienes deben cumplir esas nuevas exigencias.
Porque hay una pregunta que no puede esconderse detrás del lenguaje técnico de las reformas: ¿quién se beneficia y quién paga el costo?
Si el trabajador debe entregar más horas, asumir más funciones y adaptarse a mayores exigencias, mientras la empresa obtiene ahorros en contratación, organización o remuneraciones, entonces no estamos simplemente ante una modernización del mercado laboral. Estamos ante una transferencia de costos desde el capital hacia el trabajo.
Y esa transferencia tiene un nombre político: precarización.
La productividad no puede construirse sobre el agotamiento de quienes trabajan. Tampoco puede confundirse flexibilidad con disponibilidad permanente, ni eficiencia con la capacidad de exigir cada vez más al mismo trabajador. Una economía que pretende competir rebajando el valor del trabajo termina compitiendo también contra la dignidad de quienes la sostienen.
Hay, además, una dimensión política que sería ingenuo ignorar.
El gobierno de Kast llegó al poder en un país dividido, donde una parte significativa de la ciudadanía no compartió sus propuestas ni su diagnóstico sobre Chile. En ese contexto, algunas de sus iniciativas pueden ser percibidas no solamente como un programa económico, sino como una suerte de revancha política: una oportunidad para desmontar o restringir conquistas sociales que durante años fueron presentadas por los sectores conservadores como privilegios injustificados.
El problema es que los derechos laborales no pertenecen a una ideología. La protección de la jornada, el descanso, la seguridad social, la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres trabajadoras no son concesiones de un gobierno de turno. Son conquistas sociales que una democracia debería ampliar, no administrar como si fueran favores.
Y mientras el gobierno intenta avanzar en esta agenda, aparecen señales igualmente inquietantes en otros frentes: dificultades políticas, pérdida de respaldo, cuestionamientos a integrantes del gabinete y una respuesta cada vez más dura frente a las movilizaciones sociales y estudiantiles. Cuando un gobierno comienza a perder legitimidad, existe siempre la tentación de confundir autoridad con fuerza y gobernabilidad con control.
El episodio relacionado con la aplicación de la ley de urgencias y las responsabilidades de la autoridad sanitaria constituye, además, una señal especialmente delicada. En materias de salud, el Estado no puede permitirse el desorden ni la improvisación: detrás de cada norma existen personas que esperan atención, familias que enfrentan enfermedades y vidas que dependen de que el sistema funcione.
Gobernar no consiste únicamente en ganar una elección. Consiste en comprender que, una vez asumido el poder, las decisiones dejan de afectar a los propios partidarios y alcanzan también a quienes votaron en contra.
Por eso la discusión laboral es mucho más profunda que una disputa sobre horas, contratos o funciones. Es una discusión sobre qué sociedad queremos construir.
Si el progreso consiste en que algunos ganen más mientras quienes trabajan deben aceptar jornadas más extensas, mayores responsabilidades y menores certezas, entonces estamos llamando progreso a una antigua desigualdad con un nombre nuevo.
Chile ya conoce esa historia.
La pregunta es si está dispuesto a repetirla.
Porque cuando se empieza a quitar derechos en nombre de la eficiencia, casi siempre se promete que será por una buena causa. Y casi siempre, al final de la cadena, están los mismos: quienes viven de su salario, quienes no tienen otra propiedad que su trabajo y quienes descubren demasiado tarde que aquello que se presentó como flexibilidad era, en realidad, precariedad.
Suma y sigue: una reforma más, una garantía menos. Y siempre sobre los hombros de los mismos.